Si las universidades públicas norteamericanas no conocen que es una práctica muy común en Cuba la expulsión de estudiantes y profesores no simpatizantes con el régimen, lo menos que podría decirse es que están desinformadas. Pero si lo conocen y aun así insisten en firmar convenios de colaboración con esas instituciones, deberán esperar la repulsa y la crítica por utilizar fondos del contribuyente para someter a los estudiantes a una agenda tan distante de un legítimo "intercambio cultural" y tan próximo a los dictados de la praxis política del Gobierno cubano.
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